El Paso Human Rights Groups Gather in National Day of Action to Stop Wage Theft and Retaliation

Human rights organizations and local community members gathered to take action against wage theft, a national crime wave that takes billions of dollars out of the pockets of workers every year, according to Ray Rojas, Executive Director of Las Americas Immigrant Advocacy Center.

Paso del Norte Civil Rights Project, the Labor Justice Committee, Las Americas Immigrant Advocacy Center, and other El Paso organizations held a rally to bring attention to this problem.

El Paso Wage Theft Rally
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“We are demanding that federal, state, and local agencies be more active in the fight to stop wage theft and protect workers who are scared of retaliation,” said Josefina Torres, member of the Comité de Justicia Laboral, a worker rights center.

The national network Interfaith Worker Justice declared November 19 a National Day of Action to Stop Wage Theft to call attention to this “crime wave no one talks about” and to mobilize support for the network’s campaign to end this pernicious practice.

“When recent studies show that 25.9 percent of low-income workers are being paid below minimum wage and 76 percent are illegally denied overtime pay, you know there is a problem,” said Rojas.

The rally also highlighted the problem of retaliation when employees do demand their rights. For example, in a recent case, several workers received a restraining order against a local business in response to the employers’ retaliatory actions.

One of the plaintiffs in the case, Ms. Rocio Arredondo, stated, “When we started to demand our unpaid wages from my old boss, she started to contact our current employers to make them think that I was a troublemaker. With this restraining order, we can rest assured that she will face serious consequences if she continues trying to keep us from fighting for our rights.”

“The law clearly states that responding to wage claims with retaliatory actions and threats is illegal,” says Paso del Norte Civil Rights Project lawyer Chris Benoit. “However, many employers in El Paso respond to valid wage claims by threatening their former employees, and have done so with impunity. This is why we’re asking the District Attorney to start prosecuting wage theft as a criminal matter – so employers realize that what they are doing is illegal and has serious consequences.”

The groups are calling for greater enforcement of wage and labor laws from everyone including the Federal Department of Labor, the Texas Workforce Commission, OSHA, and local agencies. To conclude the rally, they delivered a letter to District Attorney Jaime Esparza asking him to meet with them to discuss why it is so important to prosecute wage theft.

“In other cities, including Austin, local authorities have started prosecuting wage theft and retaliation as a criminal matter. Given how widespread these issues are in El Paso, there needs to be greater consequences for employers who violate these laws. Thanks to our meeting today, District Attorney Esparza promised to meet with us to discuss how we can move forward,” said Torres.


Ganan menos del mínimo 6 de 10 jornaleros aquí

El Diario - El Paso

Lorena Figueroa
El Diario de El Paso

Seis de cada 10 trabajadores jornaleros hispanos que trabajan en el mercado de mano de obra barata en El Paso, en su mayoría quienes laboran en la industria de la construcción y de servicios de limpieza, perciben menos del salario mínimo federal de 7.25 dólares por hora.

Así lo establecen los resultados de un estudio del Centro de Abogacía por los Inmigrantes Las Américas, que denuncia las estrategias que utilizan algunos empleadores en esta frontera para ‘robarles’ el salario a sus trabajadores.

Entre esas tácticas se incluye el incumplir con lo establecido en un contrato y dejar de pagar por el tiempo ya trabajado.

El reporte, denominado “Robo de Pago: Wage Theft in El Paso”, fue presentado de manera oficial ayer durante un rally en el Parque Calendario Azteca, localizado entre la avenida San Antonio y la calle Kansas.

En el evento participaron el centro Las Américas, el Proyecto de Derechos Civiles Paso del Norte, el Comité de Justicia del Trabajo y otros representantes de organizaciones civiles y víctimas de este tipo de abusos que se unieron a la celebración Nacional de Acción para Parar el Robo de Salarios y llamar la atención de las autoridades ante “este crimen del que nadie habla”, dijeron organizadores.

Asimismo, solicitaron a través de una misiva al procurador de Distrito de El Paso, Jaime Esparza, una cita para hablar sobre la investigación y juicio de los patrones de quienes se ha documentado que violaron la ley estatal de Robo de Servicios.

“Demandamos a las dependencias a nivel federal, estatal y local a ser más activos para detener el ‘robo de salarios’ y proteger a los trabajadores que no denuncian porque tienen miedo a las represalias”, dijo Josefina Torres, quien es miembro del Comité de Justicia del Trabajo.

Durante el rally, los manifestantes dieron a conocer que, a nivel nacional, el 25 por ciento de más de 4 mil trabajadores de bajo ingreso entrevistados fueron víctimas de violaciones al salario mínimo y hasta un 76.3 por ciento de ellos no reciben un pago por trabajar horas extras.

Pero en El Paso, las cifras son más altas.

“La situación es peor aquí, en el sentido de que es frontera y la gente necesitada de trabajo no denuncia por miedo a no tenerlo o a ser deportado (en el caso de los indocumentados”, comentó el asesor legal del Proyecto Paso Del Norte, Chris Benoit.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, al 57 por ciento de los trabajadores de mano de obra barata, entre inmigrantes legales e indocumentados, se les paga menos del pago mínimo de 7.25 dólares por hora, que es efectivo desde el 24 de julio pasado.

Indica que, los ‘jornaleros’, es decir, los trabajadores que reciben su pago al final del día, como los pintores, carpinteros, jardineros y electricistas, entre otros, es uno de los sectores de la fuerza laboral más abusado.

Según el estudio, éstos reciben un salario de 2.50 dólares por hora, casi 5 dólares menos que el estándar federal.

El director ejecutivo de la organización civil, Raymundo Rojas ha precisado que, la mayoría de estos ‘jornaleros’ son inmigrantes indocumentados o que cuentan con una ‘visa láser’ para cruzar desde Ciudad Juárez, aunque también hay algunos residentes permanentes y hasta ciudadanos, quienes tienden a juntarse durante las mañanas en las esquinas de la zona Centro.

En contraste, dijo, el mismo tipo de trabajador pero en la Ciudad de Kansas gana un mínimo de 10 dólares por hora, ya que en esa comunidad los trabajadores se han organizado para cobrar esa tarifa.

Según el estudio, el 33.3 por ciento de los trabajadores abusados tienen las edades de entre 36 y 50 años de edad, mientras que el 52.3 por ciento son mayores de 51 años.

Además, el 86 por ciento de los ‘jornaleros’ entrevistados para el estudio aceptaron que sus patrones les han robado alguna vez y la mitad de ellos han sido víctimas en el último año.

Rojas explicó que el ‘robo’ que hace un empleador consta en el pago incompleto o nulo de lo acordado con los trabajadores, además de darles menos del mínimo.

El reporte precisa que el desfalco es, en su mayoría (38 por ciento) de entre 100 y 500 dólares. En otros casos, aunque en un porcentaje mínimo, las sumas llegan a ser de más de 3 mil dólares.

El ‘robo’ sucede de igual manera con otros trabajadores de mano de obra barata, como los obreros de construcción (38 por ciento), algunos de ellos que han sido presuntamente explotados por el Gobierno Federal, las criadas o trabajadoras domésticas (28.5 por ciento), cuidadores de adultos mayores (19 por ciento) así como los empleados de restaurantes (14.25 por ciento), entre otros, según el estudio.

En el caso de las trabajadoras domésticas, el estudio asegura que las mujeres han sido también abusadas sexualmente, obligadas a laborar tiempo extra sin paga, además de recibir menos del salario mínimo.

Durante el rally, los manifestantes también dieron a conocer el problema de las represalias en contra de los empleados que demandan sus derechos.

“La ley claramente dice que el responder a quejas de salarios con acciones represivas y amenazas es ilegal”, enfatizó Benoit. “Sin embargo, muchos empleadores en El paso responden a este tipo de quejas con amenazas en contra de sus ex empleados y lo han hecho así con impunidad”.

Es por eso, agregó, que los manifestantes han pedido al procurador Esparza que procese judicialmente a los patrones que ‘roben’ a sus empleados, por lo que enviaron una misiva a su oficina solicitándole una cita para hablar del tema.

“En otras ciudades, incluyendo Austin, las autoridades locales han comenzado a tratar el ‘robo de salario’ y represalias como un caso criminal”, dijo Torres, del Comité de Justicia del Trabajo. “Ahora que sabemos que es común este problema en El Paso, existe ya la necesidad de que haya mayores castigos a los patrones que violen la ley”.